La caducidad es la extinción automática del derecho a ejercer una acción por el solo vencimiento del plazo legal previsto, sin posibilidad de interrupción y declarable de oficio por el juez. Se diferencia de la prescripción en cuatro puntos: (i) opera de pleno derecho, (ii) la declara el juez de oficio, (iii) no se interrumpe (solo se suspende excepcionalmente), (iv) es de orden público.
Son ejemplos típicos: la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en lo contencioso-administrativo (4 meses contados desde la publicación del acto, salvo excepciones — Art. 164 CPACA), la caducidad de la tutela contra providencias judiciales (6 meses según la jurisprudencia constitucional — sentencia C-543/92 y T-038/04), o la caducidad de la impugnación de paternidad en familia.
El operador judicial debe revisar la caducidad en cada actuación. Su omisión y la admisión de una demanda caducada genera nulidad procesal y, eventualmente, responsabilidad disciplinaria.
Existen casos donde la línea entre caducidad y prescripción es tenue: el legislador a veces califica formalmente como "caducidad" lo que materialmente es prescripción y viceversa. La jurisprudencia atiende al efecto procesal — declarable de oficio o no — para clasificar la figura.