La acción popular es el mecanismo procesal para proteger derechos e intereses colectivos tales como el medio ambiente, el espacio público, el patrimonio cultural, la moralidad administrativa y la salubridad pública. Está consagrada en el Art. 88 de la Constitución y desarrollada por la Ley 472 de 1998.
Cualquier persona — natural o jurídica — puede ejercerla, sin acreditar interés directo: el bien jurídico protegido es de la comunidad. Procede tanto preventivamente (para evitar el daño) como restitutivamente (para restablecer las cosas o reparar). Es competente el juez administrativo cuando la acción se dirige contra entidades públicas, o el juez civil del circuito cuando es contra particulares.
El procedimiento es preferencial y reducido. La sentencia favorable puede ordenar la realización de obras, la modificación de procesos productivos, indemnizaciones a la comunidad afectada, e incluso reconoce incentivos económicos al actor popular en casos específicos (aunque la Ley 1425 de 2010 los suprimió en general, manteniendo solo casos puntuales).
No debe confundirse con la acción de grupo (Art. 88 CN), que protege a un número plural de personas afectadas individualmente por una causa común y busca reparar daños individuales.