La acción de reparación directa es la acción contencioso-administrativa por la cual un particular reclama al Estado la indemnización del daño antijurídico que le fue causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, sin que medie un acto administrativo previo impugnable. Está regulada en el Art. 140 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
Casos típicos: (a) falla del servicio — víctima de mala atención médica en hospital público, accidentes por mal estado de vías, errores del registrador civil, etc.; (b) daño especial — perjuicios derivados de obras públicas legítimas que rompen el principio de igualdad ante las cargas públicas; (c) riesgo excepcional — daños causados por actividades estatales peligrosas (manejo de explosivos, energía); (d) privación injusta de la libertad — detención preventiva seguida de absolución, con título legal específico (Ley 270 de 1996).
Plazo de caducidad: 2 años contados desde el día siguiente al de la ocurrencia del hecho dañoso (Art. 164 #2 CPACA), salvo casos especiales como crímenes de lesa humanidad (imprescriptibles) o víctimas de desplazamiento forzado (cómputo desde cesación). El plazo es de caducidad, no de prescripción — corre fatal sin posibilidad de suspensión por solicitud administrativa.
Diferencia con nulidad y restablecimiento: en la nulidad se ataca un acto administrativo y se pide reparación derivada de su anulación; en la reparación directa NO hay acto que impugnar — el daño deriva de una actuación material o de una omisión. Conoce la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Tribunal en primera instancia para cuantías menores, Consejo de Estado en grandes cuantías o segunda instancia.